Reivindicaciones y exigencias de los OODDHH del NOA, ante la reunión del Consejo Federal de Derechos Humanos de Tucumán
PH tomada de APA Prensa
La siguiente es una nota entregada ayer a cada uno de los consejeros de las 23 provincias más C.A.B.A., al Secretario de la Nación y al Representante Regional de la Oficina para América del Sur del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, durante la primera jornada del Consejo Federal:
San Miguel de Tucumán, 27 de Julio de 2016
Ante la reunión del Consejo
Federal de Derechos Humanos en Tucumán,
y en el marco de los 200 años de la Independencia de las “Provincias
Unidas en Sudamérica”, los Organismos de Derechos Humanos de la región NOA
reivindicamos una vez más las líneas políticas históricas de nuestro sector y aquellas acciones de los gobiernos
democráticos, que pusieron a nuestro país, a la cabeza de las naciones que
promueven y ejecutan no solo los derechos básicos sino los vinculados a los
derechos políticos, económicos y sociales y
avanzamos en terrenos que tuvieron que ser construidos, como los de
verdad, memoria y justicia.
Queremos hacer llegar a esta
reunión nacional de los secretarios de Derechos Humanos del país, una serie de
inquietudes y preocupaciones sobre el estado actual de problemáticas
específicas, que están presentes a nivel nacional, o en algunas provincias, en
particular.
Comenzamos afirmando que
sostenemos la necesidad de garantizar presupuestariamente la realización de
todas las etapas que intervienen en la realización de los juicios por delitos
de lesa humanidad. Al respecto consideramos que no es suficiente proclamar,
como lo han hechos tanto el poder Ejecutivo Nacional como la Corte Suprema, que esos juicios son “política
de estado”. Al respecto tenemos que, contradictoriamente:
A - se ha dado de baja a personal
vinculado a diferentes áreas implicadas en la consecución de justicia;
B - se adeudan pagos desde hace
meses, a tareas realizadas por peritos (caso Pozo de Vargas en Tucumán y fosas
Arsenal Miguel Azcuénaga en Tucumán; el pago a los taquígrafos de los juicios
en Jujuy);
C - los prolongados plazos que la
justicia tiene para resolver las cuestiones traídas a su conocimiento, ha
terminado implicando que múltiples procesos, pese al tiempo transcurrido, sigan
sin tener condenas firmes. Esto ha generado que acusados condenados se
encuentren en libertad. A esa situación le sumamos lo que consideramos liviandad con la cual la Justicia
Federal concede prisiones domiciliarias a los imputados en causas de lesa humanidad,
criterio que rechazamos y acerca del cual, sostenemos no se aplica, con
idéntica vara, en otro tipo de delitos;
D – ha merecido en su momento nuestra total
reprobación y repudio el fallo –que consideramos perverso -- de la sala IV de
la Cámara Nacional de Casación Penal por el que se dictó falta de mérito a
Carlos Pedro Blaquier, propietario del ingenio Ledesma y a Alberto Lemos,
administrador de esa empresa, por casos de la llamada “Noche del Apagón”, constituyéndose en una clara muestra de la connivencia
de la corporación judicial con vistas a mantener la impunidad sobre la responsabilidad civil y
empresarial implementada por el Terrorismo de Estado.
Por ello decimos que hoy
vemos que los Impunes son los
mismos: no solo los represores vinculados a las fuerzas militares y de
seguridad , sino los dueños del país:
las familias de los grupos económicos, y las grandes empresas, PRINCIPALES BENEFICIARIOS DE LA IMPUNIDAD: en
el NOA, la Minera El Aguilar, La Veloz del Norte, Grafanor, ingenios Ledesma,
La Fronterita, y Concepción; en el cono
urbano del sur bonaerense: Alpargata, Molino Río de La Plata, SWIFT, Propulsora
Siderúrgica, Astillero Rio Santiago, y Petroquímica Sudamericana; en el norte y
oeste de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe: Grafa, Ford, Mercedes
Benz, Lozadur y Cattaneo, astilleros Artarsa y Mestrina, Dálmine-Siderca y
Acindar; en zona Centro, la Fiat; en el
interior de Buenos Aires, Loma Negra y
La Nueva Provincia y en el NEA, Las Marías.
E – Consideramos absolutamente
inadmisible, la decisión de la Cámara de
Casación Penal, que resolvió revocar la sentencia condenatoria dictada en el
marco de la causa conocida como "Masacre de Capilla del Rosario",
argumentando que no existieron crímenes contra la humanidad antes del golpe de
Estado de 1976, con lo cual, consideramos, se apunta a retrotraer décadas de
discusión y avances en el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos
humanos, implementadas desde el Estado Nacional.
F – sostenemos que tras 32 años
de democracia, y del altísimo el costo social y cultural que ha implicado
reconstruir unas Fuerzas Armadas que comiencen a pensarse con una vinculación
más estrecha con la sociedad civil de su país, el decreto presidencial 721/16
que le da a las misma una autonomía, que en los hechos implica
alejamiento y aislamiento del conjunto de la sociedad. Esa misma lógica es la
que impulsa iniciativas del ministerio de Seguridad, a que el sector castrense,
ahora profesionalizado, se impliquen en la problemática de la Seguridad
Interior, posibilidad que rechazamos de plano.
G - en relación a nuestra preocupación por el
cambio de paradigma dentro de las fuerzas militares instrumentados por el
actual gobierno nacional, reiteramos nuestro repudio a la participación,
durante el desfile cívico militar, desarrollado en ocasión del cumplirse 200
años de nuestra independencia, de personas que se definieron como “soldados
veteranos del Operativo Independencia” en
una clara reivindicación de la criminal acción represiva desarrollada en
Tucumán, cuyo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos, entonces, se están
juzgando en la actualidad. En igual sentido expresamos nuestro rechazo por la
presencia de connotados militares involucrados en los intentos golpistas que
debieron soportar los dos primeros presidentes del período iniciado el 10 de
diciembre de 1983.
H - sobre la
vigencia de los derechos básicos, a partir de la asunción del nuevo gobierno
encabezado por el ingeniero Macri, sostenemos que en pocos meses se ha producido
un retroceso importante en cuanto a las garantías individuales y colectivas del
conjunto de los argentinos, especialmente en los sectores de las mayorías
populares, con despidos laborales,
hostigamientos, persecución de militantes del campo popular y encarcelamientos de referentes sociales o políticos, cuyos
derechos han sido arrasados con la excusa de investigar la corrupción, el nuevo
caballito de batalla incorporado para perseguir a líderes políticos. En los ’70
se hablaba de subversión, hoy se habla de corrupción. Esto es particularmente
irrefutable en provincia de Jujuy con el encarcelamiento y adjudicación de
delitos, en base a extorsiones y causas armadas, lo cual ha puesto en evidencia
un poder judicial que ha dejado de lado la imparcialidad y los principios básicos del derecho a la
defensa y del precepto constitucional que nadie es culpable hasta que se
demuestre lo contrario. El caso más notorio es el encarcelamiento de la
dirigente Milagro Sala hace 7 meses y en estos días, el de su marido, el
periodista y profesor Raul Noro.
I - por otro
lado, en circunstancias de esta reunión de Secretarios de Derechos Humanos del
país, hacemos un especial llamado de atención sobre las acciones de las fuerzas
de Seguridad que, acorde al vergonzante “Protocolo de Actuación de las Fuerzas
de Seguridad en Manifestaciones Públicas”
promovido por la Ministra Patricia Bullrich, está siendo implementado
con lógicas que parten de considerar la libertad de transitar, de expresión, de
manifestar, reclamar, peticionar, de reunión (realizar asambleas), como
“posibles delitos públicos” que afectarían “el nuevo orden” concebido por el
actual gobierno. Sostenemos que este “nuevo orden” se traduce en medidas de
control y represión ante las demandas populares. Más allá de acontecimientos
que se han dado en los últimos días (Rosario, Catamarca) relacionados a actos
oficiales del Presidente en los que se controla y reprime manifestaciones
opositoras, enmarcamos esta situación en otros casos concretos de violencia
institucional implementada por las fuerzas de seguridad, contra los
trabajadores que ejercen derechos como el de solicitar aumento salarial o por
reivindicaciones propias de sectores sociales y gremios. Un caso repudiable se
ha dado en Jujuy la semana pasada, con el Sindicato de Obreros del Ingenio Ledesma
cuyos miembros fueron salvajemente atacados con balas de goma, o en esa misma
provincia, con las constantes
detenciones ilegales a militantes o familiares de militantes, en barrios populares y en organizaciones
sociales quienes son acosados constantemente por la policía, detenidos
ilegalmente sin orden judicial y sin identificación de esas fuerzas policiales
y de seguridad que llevan a cabo allanamientos dispuestos por la justicia.
En este contexto
político, consideramos que es importante que los funcionarios de los estados
nacional y provinciales, se hagan cargo de las duras observaciones del Comité
de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas- ONU- realizadas al gobierno del Presidente Mauricio
Macri, acerca del cumplimiento del
Estado Argentino del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
observaciones que refirieron a los seis primeros meses de su gobierno al
alertar sobre las demoras para investigar la responsabilidad empresarial en los
delitos de lesa humanidad cometidos durante el Terrorismo de Estado; los
cambios importantes en áreas del Estado vinculadas a la protección de los
Derechos Humanos, la persistencia de prácticas de tortura y malos tratos y la
falta de investigación y sanción, el hacinamiento en las cárceles y lugares de
detención prohibidos, las detenciones policiales arbitrarias.
POR MAS MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA.
POR
UNA JUSTICIA INDEPENDIENTE.
LIBERTAD
YA A MILAGRO SALA.
CONTRA
LOS DESPIDOS Y LA PRECARIZACIÓN LABORAL.
CONTRA
LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL Y EL AVANCE DE LAS POLÍTICAS
REPRESIVAS.
NO
AL CODIGO CONTRAVENCIONAL REPRESIVO.
NO
A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL.
BASTA
DE MILITARIZAR EL ESPACIO PÚBLICO.
Firman:
- Por TUCUMÁN: Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Tucumán - Sara Mrad; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos APDH - Pablo Jeger; H.I.J.O.S. Tucumán - Natalia Ariñez; Asociación de Ex Presos Políticos de Tucumán - Lilian Reynaga; Fundación Memoria e Identidades del Tucumán - Marta Rondoletto; Agrupación de ex Presos Políticos Tuc-Héroes de Trelew - Teresa Sosa; Comisión Derechos Humanos–Tafí Viejo - Diego Fernández; Agrupación de Ex Presos Políticos “Bernardo de Monteagudo”- Ma. Magdalena Blanco.
- Por JUJUY: Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy–Línea Histórica - Inés Peña.
- Por SANTIAGO DEL ESTERO: Asociación Memoria Verdad y Justicia - Luis Garay; H.I.J.O.S. Santiago del Estero - Alejandra Carreras.
- Por SALTA: Asociación Lucrecia Arquet - Cristina Cobos.
- Por CATAMARCA: “La Obra”, Asociación de Ex Presos Políticos y Familiares de DD - Claudia Villegas; Casa de la Memoria - Noemí Toledo
- Por LA RIOJA: Ex Presos Políticos La Rioja - Miguel Ángel Godoy.
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